En el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río, que abarcó de 1934 a 1940, se llevó a cabo un amplio proceso de expropiación de la industria eléctrica en México, con el objetivo de impulsar el desarrollo energético nacional y fortalecer el papel del Estado en este sector estratégico. Este proceso fue parte de una serie de políticas de nacionalización de recursos naturales y de industrias clave que se implementaron durante el gobierno de Cárdenas, y que buscaban garantizar la soberanía económica y el bienestar social del país.
Antes de la expropiación, la industria eléctrica en México estaba dominada por compañías extranjeras, en su mayoría estadounidenses. Estas compañías tenían un control casi absoluto sobre la generación, distribución y comercialización de la electricidad, lo que les permitía establecer precios, limitar la expansión del servicio eléctrico y obtener ganancias considerables. Además, su presencia en el país estaba respaldada por concesiones otorgadas por el gobierno mexicano, las cuales les garantizaban el monopolio en diferentes regiones.
Esta situación generó un profundo descontento en la población mexicana, que veía cómo las compañías extranjeras obtienen enormes beneficios a costa de la explotación de los recursos nacionales. A esto se sumaba el hecho de que estas compañías no invertían lo suficiente en la expansión y modernización de la infraestructura eléctrica, dejando grandes áreas del país sin acceso a este servicio básico.
Fue con este contexto que, el 18 de marzo de 1938, el presidente Cárdenas anunció la expropiación de la industria eléctrica en México, mediante la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta medida implicó la transferencia de los activos y la infraestructura de las compañías extranjeras al Estado mexicano, con la intención de nacionalizar este sector estratégico y ponerlo al servicio del desarrollo del país.
La expropiación de la industria eléctrica fue ampliamente respaldada por la población mexicana, que veía en esta medida una expresión de soberanía y justicia social. Además, la expropiación se llevó a cabo mediante un proceso legal y de indemnización a las compañías extranjeras, lo que le dio legitimidad y transparencia al proceso.
Una vez que la CFE asumió el control de la industria eléctrica, se inició un amplio programa de inversión y modernización de la infraestructura eléctrica en todo el país. Esto implicó la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y geotérmicas, así como la expansión de la red de distribución y la inclusión de zonas rurales y comunidades indígenas en el servicio eléctrico.
La expropiación de la industria eléctrica también permitió al Estado mexicano establecer una política tarifaria más justa y equitativa, que buscaba garantizar el acceso a la electricidad a toda la población, independientemente de su nivel de ingresos o su ubicación geográfica. Además, se fomentó la formación de cooperativas eléctricas y se promovió la participación de los trabajadores en la gestión y toma de decisiones de la CFE.
En conclusión, la expropiación de la industria eléctrica en el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río fue un paso fundamental en la consolidación de la soberanía económica de México y en la promoción de un desarrollo energético nacional. Esta medida permitió al Estado mexicano tener un mayor control sobre los recursos energéticos del país, así como garantizar el acceso a la electricidad a toda la población. Además, la expropiación generó un importante impulso en la inversión y modernización de la infraestructura eléctrica, sentando las bases para el desarrollo del sector energético en México en las décadas posteriores.
